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REVISTA

VIVIENDA

La problemática de la vivienda y los nuevos conflictos derivados de la crisis sanitaria

22 diciembre 2021

La pandemia ha agravado problemas relacionados con la vivienda, como la ocupación

Una gran parte de los conflictos y debates que rodean a la problemática de la vivienda son perceptibles en la comarca de La Sagra y es necesario hilar fino a la hora de abordar esta cuestión que puede ser fuente de conflictividad social.

 

La Sagra, por su proximidad con Toledo capital y con Madrid, ha sido durante el siglo XXI un foco de atracción de personas interesadas en asentarse en un lugar más asequible pero, a la vez, cerca de la capital española. Yuncos, Seseña o Illescas son algunas de las localidades que absorbieron esta demanda. Matrimonios jóvenes encontraron en la comarca una oportunidad de futuro, la misma que vieron personas de origen inmigrante, vinculadas a trabajos relacionados con la construcción o los servicios sociales. 

 

Con la crisis de la construcción del año 2008 se tambaleó el modelo de desarrollo de la zona, que se había sustentado en el urbanismo. Llegaron los desalojos y los embargos que hoy han vaciado muchas viviendas y se quedaron proyectos de urbanizaciones a medias.

 

En el caso concreto de La Sagra, el ‘boom’ inmobiliario fue brutal y tuvo aparejada mucha especulación. Cuando en 2007 se produce la crisis, queda mucha vivienda sin vender y vacía también por haber muchos embargos. La gente que pierde el trabajo y tiene que dejar de pagar su vivienda, con desalojos o embargos. Algunos de ellos se convierten en ‘okupas’ de su propia vivienda.

 

En la actualidad hay un desajuste entre la demanda y la oferta, además de que ya no existe la facilidad para obtener financiación para adquirir una vivienda que había en los años del boom inmobiliario. Tampoco ayuda a regular este mercado el precio del alquiler: los propietarios, que en muchas ocasiones son los propios bancos que se quedaron con casas embargadas, prefieren vender y, si alquilan, lo hacen a precios desorbitados.


 

VIVIENDA, DERECHOS Y AYUDAS

El derecho a la vivienda es fundamental y su importancia va incluso más allá de tener un techo encima de nuestras cabezas.  Una casa cumple una función social y ahora, desde el estallido de la pandemia, es además la oficina de muchas personas.

Este debate genera una controversia sobre los empadronamientos en los municipios. Se trata de un trámite legal y obligatorio a pesar del rechazo que genera en una parte de la población, porque estar en el padrón abre las puertas a recibir determinadas ayudas públicas. Los ayuntamientos se sienten atados de pies y manos ante esta fuente de conflictividad social. El colectivo migrante, una vez más, es el principal señalado.

La primera ola del coronavirus provocó una situación para la que no estaban preparadas muchas  personas. Al pararse la actividad económica durante el confinamiento, hubo hogares que dejaron de percibir los ingresos con los que contaban para pagar su hipoteca o alquiler. El problema afectó a muchos trabajadores que, al menos, encontraron un lugar  al que agarrarse en herramientas del llamado escudo de protección social, como el ERTE.

Pero se volvió el escenario para todas aquellas personas que habitualmente contaban con una cantidad de ingresos “en negro” para hacer frente a los gastos de vivienda. Al no poder salir a trabajar, no entraba dinero a casa y tampoco se tenía acceso a las ayudas disponibles para los trabajadores regularizados. La pandemia ha sacado a descubierto la gran masa de hielo que permanecía oculta de ese iceberg que es la economía sumergida.

 

En el tercer escalón se encuentran aquellas personas que se encontraban en situación vulnerable antes incluso del comienzo de la crisis sanitaria y, por lo tanto, ya tenían también dificultades para el acceso a la vivienda. La desesperación ha llevado a muchas familias a la ocupación, pero conviene tener cautela para no confundir a estas personas que recurren a esta medida como último recurso con aquellas vinculadas a actividades.

 

El Ingreso Mínimo de Solidaridad  y otras ayudas de emergencia han aliviado ligeramente la situación crítica de estos dos últimos grupos. Sin embargo, son herramientas que no siempre se han mostrado eficaces, ya sea por las exigencias para cumplir con los requisitos como por la lentitud para resolver los expedientes y cobrar las ayudas.

 

 

Arantxa Vidales, de la asociación Llere, comenta en qué consiste el servicio de acompañamiento del que disponen para ayudas a las personas que tienen dificultades con estos trámites que son especialmente complejos para distintos colectivos como mayores o personas migrantes.



 

VIVIENDA, INTEGRACIÓN Y OCUPACIÓN

Las dificultades para acceder a una vivienda se convierten, ante esta situación, en una barrera para la integración y la inclusión de los trabajadores inmigrantes de la comarca de La Sagra. Hay propietarios que rechazan alquilar una vivienda a una persona de origen extranjero, incluso cuando pueden pagarla. “Cuando llamamos por teléfono ellos nos reconocen por nuestro acento o si no directamente nos preguntan: ¿Es usted una mujer africana?” y entonces ya nos dicen que está ocupada”, desvela una mujer migrante entrevistada para este proyecto. 

 

Estos rechazos empujan a personas del colectivo a la ocupación. Sin embargo, los profesionales advierten que el colectivo inmigrante no es el único que sufre problemas de acceso a la vivienda: jubilados, padres separados, viudas o expresidiarios se encuentran entre los  grupos vulnerables con riesgo de no poder tener una casa y, por  lo tanto, también pueden llegar a ver como una solución a sus problemas el dar una patada a un piso que saben que está vacío.


 

Hay también personas autóctonas que han hecho de la ocupación su estilo de vida y no son necesariamente las que tienen más problemas económicos. A veces tienen trabajo y pueden permitirse un abogado en el caso de tener que acudir a los tribunales. Se han acostumbrado a saltar de una casa a otra y no sienten un conflicto moral al hacerlo. Es difícil buscar una solución para estos ocupas sociales, porque tampoco están interesados en posibles ayudas para adquirir vivienda y salir de esta situación.

 

Por otro lado, una parte del fenómeno de la ocupación en La Sagra está asociado a actividades delictivas. Existen mafias que trafican con viviendas vacías que no son suyas y hay narcoviviendas. Estos grupos causan daño a las personas  que tienen verdaderas dificultades para acceder a un hogar.

 

 

¿Cómo se puede distinguir entre el ‘okupa’ que no tiene más remedio y necesita ayuda y el que está aprovechándose de las actividades delictivas para tener un hogar en el que vivir? Gregorio Gómez Bolaños apunta que los servicios sociales pueden jugar un papel importante en este sentido.

 

Ante los casos de personas que han perdido su casa por culpa de impagos derivados del Covid-19, la alcaldesa de Yeles, María José Ruiz, hace un llamamiento a los bancos que tengan sensibilidad ante esta situación tan complicada, que está creando un problema a los propios ayuntamientos.

 

Por parte de las administraciones públicas, Daniel Corredor, coordinador de vivienda de la Consejería de Fomento, admite que también tienen que mejorar cuestiones, como reducir la complejidad del acceso a las ayudas para alquilar o comprar una casa y paliar la carencia de vivienda pública. La Junta de Comunidades ha contactado con algunas entidades bancarias para estudiar la posibilidad de adquirir inmuebles para ponerlos a disposición del parque público.


 

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